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¿Se cobrará la Formación Profesional?

Las declaraciones que ayer hizo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, acerca de la gratuidad de sobre la educación pública obligatoria y la Formación Profesional, han dejado estupefactos a muchos y frotándose las manos a otros. ¿Qué significan estas declaraciones? ¿Son una opinión suya o son un aviso sobre las intenciones del Gobierno en los próximos meses?

Esperanza Aguirre nos recordó de manera muy didáctica lo que dice la constitución al respecto: En España la educación es obligatoria y gratuita hasta los dieciséis años. Tales comentarios dejan abiertas las puertas a muchas interpretaciones, pero cuando unas afirmaciones así provienen de un miembro de tanto peso en el partido que gobierna, en cualquier caso no pueden tomarse a la ligera ni ignorarse.

Por un lado, algunos analistas las han interpretado como una opinión personal, a la que no hay que hacer más caso del necesario. Según ellos no se está gestando ningún cambio que implique cobrar los estudios de Formación Profesional ni de Bachillerato. En cualquier caso, los comentarios de la presidenta de la Comunidad de Madrid acerca de la educación secundaria y la FP, quedaron eclipsados por otros comentarios también suyos, sobre las Comunidades Autónomas, que aquí no vamos a tratar.

Por otro lado, se ha levantado una oleada de suspicacia acerca de las intenciones del Gobierno de empezar a cobrar en los estudios de formación profesional y en el bachillerato. ¿A santo de qué unos comentarios como éstos? Para algunos está muy claro que se trata de un aviso del Gobierno, una manera de ir preparando a la población, de ir abriendo el debate al que muchos se apuntarán y, como suele suceder, unos se posicionarán en contra y otros a favor. El caldo del cultivo ideal para que se justifique el cobro de la Formación Profesional y el bachillerato por parte de algunos medios. De esta manera, cuando el Gobierno anuncie formalmente la medida, ya estará en boca de todos y no parecerá nada nuevo. Estrategia política, se argumenta.

En unos momentos en los que están sobre la mesa cambios drásticos en nuestro modelo social, tales como el copago sanitario, empezar a cobrar también en los estudios de formación profesional no parece una idea descabellada. Se puede pensar que la formación es menos importante que la sanidad y, si la sanidad sufrirá recortes y cambios en su modelo, es lógico que la formación también.

¿Cómo afectaría un cambio así a la formación profesional?

La formación profesional se puede estudiar tanto en centros públicos como privados. Los centros privados no se verían, en principio, afectados por estas medidas, ya que ellos ya están cobrando a los alumnos. Sin embargo, los centros concertados podrían ver reducidas sus subvenciones y ayudas si la situación económica empeorara y, en consecuencia, trasladarían a los precios de los estudios la reducción de ingresos.

Los estudiantes que realmente se verían afectados son los que estudian o van a estudiar formación profesional en centros públicos. De no pagar nada, como sucede ahora, a tener que pagar una mensualidad, sea de 100€ o sea de 400€, la medida supondría el abandono inmediato de muchos alumnos cuyos padres no podrían costear los estudios de sus hijos. En una situación donde la mayoría de la población sufre los efectos de la crisis en la economía doméstica, ningún gasto extra puede ser absorbido con facilidad.

No se trata simplemente de una cuestión social, de que sea una traba más a muchas familias. Se trata de que para muchos, tener que pagar los estudios de FP supondrá directamente el no poder realizarlos. En una sociedad, la española, que ya está fuertemente castigada por el fracaso escolar, por la baja cualificación profesional y por la productividad, cualquier medida que suponga restringir la formación es como tirar piedras al propio tejado.

Lo que España necesita es justo lo contrario: incentivar la formación. Porqué la formación, y especialmente la formación profesional, no es un lujo para que los estudiantes puedan ganar más dinero en su futuro profesional. Lo que la formación de los ciudadanos representa para el país es mucho más: es disponer de capital humano, es disponer de una industria y unos servicios profesionales y eficientes. La formación aporta valor al país y marca la diferencia de con otros estados, su competitividad y su capacidad de adaptación.

¿A quién favorecería esta medida?

Hemos dejado claro que, de llevarse a cabo, no favorecería en absoluto a las familias y tampoco al país en su conjunto. Pero si que hay quien se beneficiaría: los centros privados. La formación pública compite de manera directa con los centros privados, que verían incrementar su número de alumnos al reducirse el principal factor de diferencia: el precio. Puestos a tener que pagar, muchos padres preferirán que sus hijos asistan a un centro privado que sea, quizás, más de su agrado. El deterioro que se ha venido sufriendo en los centros públicos en los últimos años, no favorecerá la elección a favor de éstos. —Equipo de redacción

11 de Abril de 2012